Comisión de Obras Públicas inició ronda de audiencias públicas en el marco del estudio del proyecto, en primer trámite, que regula los servicios sanitarios rurales. Con el fin de evaluar las distintas modificaciones que se introducirán al proyecto que entrega un marco regulatorio a los actuales sistemas de Agua Potable Rural (APR), la Comisión de Obras Públicas, que preside el senador Pablo Longueira, recibió los representantes de los Ministerios de Vivienda y de Salud; así como de la Federación Nacional de Agua Potable Rural; de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica; de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental; y a alcaldes de comunas rurales de la VI y X Regiones.
En la oportunidad, los representantes del Ministerio de Vivienda expresaron su preocupación por los estándares de la instalación de agua potable que se exige en los casos de viviendas sociales rurales, ya que son los mismos que se piden en sectores urbanos.
Al respecto, el senador Longueira valoró los aportes que realizaron los dirigentes comunales y los representantes del Ministerio de Vivienda porque enriquecen la discusión del futuro sistema de Servicios Sanitarios Rurales".
En ese sentido, resaltó que los expositores coincidieron en que se trata de sistemas sanitarios distintos y, si bien, ambos deben cumplir con exigencias mínimas; los trámites para la entrega de los respectivos subsidios habitacionales en zonas rurales deben ser simplificados porque de lo contrario muchas pequeñas empresas constructoras podrían quebrar ya que no reciben el pago de parte del Ministerio hasta que las viviendas están construidas.
Asimismo el senador Longueira aseguró que "las inquietudes y sugerencias de los alcaldes y de los comités de Agua Potable Rural serán recogidas en las indicaciones al proyecto, cuyo plazo vence el próximo 13 de abril".
Agregó que "las audiencias públicas cumplen un rol muy importante en el trámite legislativo y en la votación en particular de este proyecto que crea los servicios sanitarios rurales".
Explicó que en su calidad de presidente de la instancia otorgará "la mayor celeridad a esta iniciativa porque se trata de una legislación fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en sectores rurales del país y que se agrupan en más de 1.500 comités o cooperativas".
POLÍTICA NACIONAL
En lo fundamental la iniciativa contiene la definición de una Política nacional de prestación de servicios sanitarios en el ámbito rural, que incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas.
Se establece además la creación de un Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, con la participación de los entes públicos más directamente vinculados con el sector, y con representación de las organizaciones sociales de los servicios sanitarios rurales.
Actualmente los comités de APR, que representan un 90% de las organizaciones de agua potable rural, son, institucionalmente, organizaciones vecinales, de carácter funcional. Sin embargo, su naturaleza es, además, económica, en el sentido que representa una forma de asociación para proveer un servicio de la mayor relevancia.
Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tendrán una vigencia de 5 años, y su conocimiento y aprobación será materia de la asamblea de socios.
La asamblea podrá acordar una variación de hasta un 10% del nivel tarifario propuesto por ésta. De esta manera, se combinan exigencias de rigurosidad técnica en la determinación de las tarifas, con el respeto a los fundamentos participativos de las organizaciones de APR. |