Inquietud por los "incentivos negativos" que estaría generando el sistema de medición de la vulnerabilidad social de las personas, mediante la Ficha de Protección Social, expresó el senador Pablo Longueira, presidente de la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.
La instancia que también integran los senadores José García y Guillermo Vásquez, además de los diputados; Julio Dittborn, Raúl Súnico y Eugenio Tuma se abocó al estudio de la ejecución de la partida del Ministerio de Planificación, la cual se encuentra "dentro de lo proyectado".
No obstante, el senador Longueira precisó que la instancia solicitó "un análisis detallado de la aplicación de la Ficha de Protección Social, y de cómo se ha ido implementando porque es el instrumento mediante el cual se distribuye toda la red social del país".
Ello, porque existe "una preocupación compartida en el sentido de que hay mucha gente que ha surgido, que ha adquirido mayores niveles de educación y eso se ha traducido en un aumento de los ingresos y calidad de vida, sin embargo, eso significa que en forma automática han quedado fuera de algunos beneficios porque tienen puntajes más altos".
Por lo tanto, dijo el senador Longueira, "la gente tiene la lectura de que las políticas públicas benefician a los más flojos, a las personas que no quieren surgir ni progresar. Es decir, los beneficios los reciben los menos emprendedores y eso amerita una discusión más profunda y detallada con el Ministerio de Planificación".
Cabe señalar que en los años 80 se creó la encuesta CAS para determinar la clasificación socioeconómica y canalizar los subsidios y programas sociales.
A inicios de los años 2000, se modificó el instrumento para detectar la vulnerabilidad social y se creó la Ficha de Protección Social que contiene tres tipos de categorías: recursos económicos, necesidades de las familias y los riesgos que puedan enfrentar las mismas.
El puntaje resultante de la aplicación de la Ficha combina tres elementos centrales: la capacidad generadora de ingresos de cada uno de los integrantes de la familia; los ingresos económicos de la familia que se obtienen de la suma de aquellos recursos que provienen de jubilaciones, pensiones, montepíos, y de los ingresos declarados por las personas.
Además se cuenta el índice de necesidades de la familia según su tamaño y composición y se corrige el tamaño familiar por estructura de edades lo que permite un tratamiento más cuidadoso de las necesidades del hogar, ya que por ejemplo, las necesidades de los niños son distintas a las de sus padres y a las de los adultos mayores.
Asimismo se considera la composición de la familia y rasgos de sus miembros, es decir la relación entre perceptores de ingreso y dependientes: niños, adultos mayores, miembros de la familia con enfermedades crónicas o con discapacidades.
Pese a estos ajustes la ficha no incorpora dentro de las necesidades de la familia otras variables como por ejemplo: los gastos por concepto de agua, luz y gas; además de las obligaciones por créditos habitacionales y el descuento del 7% de salud que se realizan a las pensiones de los jubilados.
Por estas razones, el Senado aprobó en enero pasado, un proyecto de acuerdo impulsado por los senadores Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Antonio Horvath, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro, Ricardo Núñez y Mariano Ruiz-Esquide donde solicitaron al Ejecutivo que incorpore nuevos factores de medición, más reales y eficientes al momento de detectar la vulnerabilidad social. |